Esta pregunta que no es menor surge a causa del embrollo jurídico creado por el anterior gobernador del estado, quien envió a “su Congreso” una iniciativa para reformar los artículos 102 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, misma que, ni tardos ni perezosos, los diputados mayoritearon y aprobaron “en fast track”, a fin de favorecer a DOS INDIVIDUOS que habían sido nombrados como integrantes del Consejo de la Judicatura, según se publicó en la Gaceta Oficial 345 (Número extraordinario) de fecha 29 de octubre de 2010.
La historia va más o menos así:
En mayo de 2010, Danilo Alvízar Guerrero (a quién por cierto le habían concedido una dispensa de ley para el cargo) presentó al Congreso del Estado su renuncia como integrante del Consejo de la Judicatura, y en su lugar el 3 de junio del mismo año fue designado José Luis Salas Torres.
Posteriormente, en agosto de 2010, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado fue designada magistrado y consecuentemente presentó su renuncia como consejera, designando en su sustitución a Javier Hernández Hernández.
Por otra parte, el magistrado López Villalba concluyó su término constitucional de 10 años, por lo que también dejó la Consejería y se nombró magistrado a Fernando Charleston Salinas, quien ya como tal fue designado para que lo sustituyera.
Pero aquí es cuando se les empieza a hacer bolas el engrudo, y ante la polémica sobre si los designados debían fungir como tales por el término de cinco años cada uno o hasta la conclusión de los respectivos periodos de los sustituidos, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia solicitó a la Sala Constitucional que hiciera una interpretación sobre el caso, resolviendo esta última que “los CINCO años que señala el artículo 62 de la Constitución identifica al cambio o reemplazo como simultáneo y no escalonado” y por lo tanto:
a) Para la iniciación de cada periodo, aunque no lo digan las propuestas o designaciones, debe entenderse que se comprenden los cinco años del periodo; y
b) Para las sustituciones intermedias del periodo por cualquiera de las causas que establezca la Ley, deberán entenderse por el tiempo que esté pendiente de transcurrir hasta la terminación del periodo. Los sustitutos serán integrantes del Consejo por el tiempo que le restaba de los cinco años al miembro ausente”… (O SEA, QUE LOS DOS MAGISTRADOS QUE SUSTITUYERON A LOS QUE RENUNCIARON, DEBIERON CUBRIR LAS AUSENCIAS SÓLO POR LOS MESES QUE FALTABAN PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS 5 AÑOS)…
Pero, ¿qué creen?, al no resultar satisfactoria para el gobernador tal resolución de la Sala Constitucional, se le hizo fácil enmendar la plana, enviando al Congreso la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica referida inicialmente, misma que aun cuando inició su vigencia ese mismo día, su aplicación se da en forma retroactiva para normar una situación pre-existente.
A fin de comprobar que se trata de unas reformas “cocinadas a la carta”, que las hace ser de carácter privativas, basta leer el inciso c) del artículo SEGUNDO transitorio, que dice:
c) Los Consejeros Licenciado José Luis Salas Torres, representante del Congreso del Estado, y Licenciado Javier Hernández Hernández, propuesto por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal y ratificado por el Congreso del Estado, durarán en su encargo cinco años, contados, para el primero de los mencionados, desde el dos de junio de dos mil diez hasta el primero de junio de dos mil quince; y para el segundo, desde el nueve de agosto de dos mil diez al ocho de agosto de dos mil quince.
¿Queda alguna duda del atropello jurídico, por decirlo amablemente? Ojalá que el actual Gobernador y la nueva Legislatura enmienden ese entuerto designando cada uno a SUS respectivos representantes, pues estamos seguros que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como los Tribunales Contencioso Administrativo y de Conciliación y Arbitraje cambiarán a sus representantes ante el Consejo de la Judicatura.
Y es que para comenzar a poner orden, podemos iniciar respetando la Constitución de Veracruz, ¿no creen?…
